La norma reglamentaria desarrolla los criterios de la Ley N.° 32413, publicada en julio de 2025, que reconoce las billeteras digitales como alternativa al depósito bancario tradicional para que los empleadores abonen sueldos, beneficios sociales y otras obligaciones laborales.
Este cambio responde a una agenda de inclusión financiera, buscando ampliar las opciones de acceso a servicios financieros para trabajadores que aún no utilizan cuentas bancarias, así como facilitar procesos de pago más ágiles y adaptados al avance tecnológico.
El reglamento establece un marco claro para que las billeteras digitales puedan emplearse como medio de pago de haberes y otras obligaciones laborales, bajo principios de seguridad, transparencia y libre elección del trabajador sobre la entidad o plataforma digital que desee utilizar.
Este uso se realiza mediante cuentas de ahorro o cuentas de dinero electrónico vinculadas a billeteras digitales autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que supervisa y regula los estándares de seguridad aplicables.
Además, la norma prohíbe que el empleador imponga una billetera específica o condicione la elección del trabajador, protegiendo su derecho a decidir libremente cómo recibir sus haberes.
La regulación incorpora a las billeteras digitales dentro de las formas de acreditación válida de pago de remuneraciones y beneficios, lo que permite su uso para depósitos periódicos de sueldos, gratificaciones y otros beneficios legales, siempre que el trabajador lo solicite de manera informada y de común acuerdo con el empleador.
Esta disposición no sustituye otros mecanismos tradicionales, como las cuentas bancarias, sino que se suma como alternativa opcional y voluntaria, especialmente útil para trabajadores no bancarizados o con acceso limitado al sistema financiero tradicional.
Desde una perspectiva organizacional, la opción de pagar haberes a través de billeteras digitales representa un cambio que puede facilitar la inclusión financiera y la flexibilidad operativa, pero también exige revisar procesos internos de gestión de pagos y cumplimiento normativo.
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