Comisión de Trabajo evalúa sanciones a proveedores del Estado que vulneren derechos laborales

 Las empresas que contratan con el Estado podrían enfrentar nuevas consecuencias por incumplir el pago de remuneraciones, beneficios sociales y otros derechos laborales de sus trabajadores. La Comisión de Trabajo del Congreso evalúa actualmente un proyecto de ley que busca vincular el historial de cumplimiento laboral de los proveedores con su capacidad para participar en procesos de contratación pública. La propuesta apunta a fortalecer la protección de los trabajadores que prestan servicios en contratos financiados con recursos públicos y generar mayores incentivos para el cumplimiento de la normativa laboral.  

¿Qué propone el proyecto de ley que debate la Comisión de Trabajo?

La iniciativa corresponde al Proyecto de Ley N.° 14552/2025-CR y tiene como objetivo garantizar el pago oportuno de remuneraciones y demás derechos laborales de los trabajadores que participan en la ejecución de contratos con el Estado. La propuesta establece un sistema de sanciones administrativas para aquellas empresas proveedoras que incumplan sus obligaciones laborales.

Actualmente, una empresa puede ser sancionada por SUNAFIL por infracciones laborales. Sin embargo, el proyecto busca que dichas infracciones también tengan consecuencias dentro del sistema de contrataciones públicas, afectando la capacidad de la empresa para seguir contratando con el Estado.

¿Qué empresas podrían ser sancionadas?

La propuesta tendría un alcance amplio. Comprendería a todas las personas naturales o jurídicas que contraten con el Estado de forma directa o indirecta, incluyendo consorcios, empresas de intermediación laboral, compañías de tercerización, subcontratistas y otras modalidades permitidas por la normativa vigente.

Esto significa que las nuevas reglas no solo afectarían a los contratistas principales, sino también a organizaciones que forman parte de la cadena de ejecución de servicios financiados con recursos públicos.

¿Qué incumplimientos laborales serían considerados infracciones?

El proyecto considera incumplimiento laboral a la falta de pago oportuno de remuneraciones, beneficios sociales, aportes previsionales, contribuciones a la seguridad social y cualquier otro derecho reconocido por la legislación laboral peruana dentro de los plazos establecidos.

En la práctica, esto incluiría situaciones como retrasos en el pago de salarios, incumplimientos de CTS, gratificaciones, aportes pensionarios o contribuciones a EsSalud, siempre que dichas infracciones sean acreditadas mediante los procedimientos correspondientes.

¿Cuáles serían las sanciones para los proveedores del Estado?

El proyecto plantea un esquema progresivo de sanciones que se aplicaría según la gravedad y reincidencia de las infracciones detectadas.

Entre las medidas contempladas se encuentran:

La reincidencia tendría un peso importante dentro del esquema sancionador, pudiendo derivar en medidas más severas para las empresas que acumulen incumplimientos laborales.

¿Qué rol tendrían SUNAFIL y el OSCE?

Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es la coordinación entre la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Según el proyecto, SUNAFIL comunicaría al OSCE las resoluciones administrativas firmes que acrediten incumplimientos laborales. Con esa información, podrían activarse las sanciones correspondientes dentro del sistema de contratación pública.

La propuesta busca cerrar una brecha que actualmente permite que empresas sancionadas por infracciones laborales continúen participando en licitaciones y contratos financiados con recursos públicos.

Empresas deberán acreditar el cumplimiento laboral durante la ejecución del contrato

Otro punto importante es que las entidades públicas tendrían que incorporar cláusulas específicas en sus contratos para exigir que las empresas acrediten periódicamente el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

La continuidad del contrato y la tramitación de pagos podrían quedar condicionadas a la presentación de documentación que demuestre el pago de remuneraciones y demás beneficios laborales de los trabajadores involucrados en la prestación del servicio.

Para las áreas de Recursos Humanos y cumplimiento corporativo, esto implicaría una mayor necesidad de control documental y seguimiento permanente de las obligaciones laborales vinculadas a contratos con el Estado.

¿Qué impacto tendría para las empresas proveedoras del Estado?

De aprobarse, la iniciativa podría modificar significativamente la gestión de riesgos laborales en organizaciones que trabajan con entidades públicas.

Hasta ahora, las sanciones laborales generalmente se limitan a multas administrativas o procesos judiciales. Con este proyecto, las infracciones podrían afectar directamente la continuidad de negocios con el sector público, incorporando el cumplimiento laboral como un criterio relevante para acceder y mantenerse en contrataciones estatales.

Para muchas empresas, esto significaría que la gestión de planillas, beneficios sociales, aportes previsionales y cumplimiento normativo dejaría de ser únicamente una obligación laboral para convertirse también en un factor determinante de competitividad en el mercado de contrataciones públicas.

¿En qué etapa se encuentra el proyecto?

Actualmente, la propuesta viene siendo evaluada en el Congreso y ha sido debatida en la Comisión de Trabajo. El proyecto aún debe seguir el procedimiento legislativo correspondiente antes de una eventual aprobación y entrada en vigencia.

Por ese motivo, las medidas planteadas todavía no son obligatorias. Sin embargo, reflejan una tendencia regulatoria orientada a fortalecer la protección de los derechos laborales y aumentar los estándares de cumplimiento exigidos a las empresas que reciben recursos públicos.