El Gobierno promulgó la ley que otorga gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores bajo el régimen CAS, formalizando un cambio estructural en el sistema laboral público. La medida amplía derechos laborales, pero mantiene el debate por su costo fiscal y sostenibilidad en el tiempo.
¿Qué cambia con la nueva ley para trabajadores CAS?
La norma modifica el régimen del Decreto Legislativo 1057 e incorpora beneficios similares a los del sector privado. Con su implementación, los trabajadores CAS recibirán dos gratificaciones al año —en Fiestas Patrias y Navidad—, cada una equivalente a una remuneración mensual.
Además, se reconoce el derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), calculada sobre el 100% de la remuneración mensual por cada año trabajado y pagadera al término del vínculo laboral.
Con ello, se avanza en la equiparación progresiva de derechos frente a otros regímenes del Estado, alcanzando a más de 300,000 servidores públicos.
Impacto fiscal: el principal cuestionamiento a la norma
El aspecto más controvertido de la ley es su costo para las finanzas públicas. Distintas estimaciones sitúan el impacto anual alrededor de los S/ 3,000 millones, monto que no estaba contemplado en el presupuesto público.
Especialistas y exautoridades económicas han advertido que la medida podría presionar el déficit fiscal, al tratarse de un gasto permanente sin una fuente clara de financiamiento.
En esa línea, el Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado que evaluará la sostenibilidad de la norma en función de su impacto en las cuentas públicas.
Promulgación y próximos pasos: lo que falta definir
Con la promulgación de la ley, el foco se traslada a su implementación. Las entidades públicas deberán financiar estos beneficios con cargo a sus propios presupuestos, lo que requerirá evaluación y opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En ese contexto, especialistas advierten que la aplicación no sería inmediata y podría darse de forma progresiva, en función de la disponibilidad presupuestal de cada entidad.
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